BGI LAW interpondrá más de 2.000 demandas contra Stellantis en Vigo por el cártel de los coches
El despacho representa a miles de afectados que reclaman una indemnización por los perjuicios derivados de las prácticas anticompetitivas sancionadas en el conocido como «cártel de los coches».
BGI LAW presentará en los juzgados de Vigo más de 2.000 demandas contra Stellantis, en defensa de consumidores y empresas que adquirieron vehículos durante los años en los que operó el denominado «cártel de los coches», una de las mayores infracciones de competencia detectadas en España en el sector de la automoción.
La acción judicial se enmarca en las reclamaciones de daños y perjuicios derivadas de una conducta que fue sancionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tras acreditar la existencia de intercambios sistemáticos de información comercial sensible entre fabricantes y distribuidores de automóviles.
¿Qué fue el cártel de los coches?
En julio de 2015, la CNMC concluyó una investigación que había comenzado en 2013 y declaró la existencia de prácticas contrarias a la competencia por parte de numerosos fabricantes de automóviles presentes en el mercado español. La resolución afectó a empresas que representaban una parte muy significativa del mercado nacional de vehículos.
A diferencia de lo que muchas personas creen, no se trató de un acuerdo explícito para fijar un precio único de venta. La infracción consistió principalmente en el intercambio de información estratégica y comercialmente sensible relacionada con precios, márgenes, campañas comerciales, políticas de distribución, servicios posventa, recambios, financiación y estrategias de marketing. Según la autoridad de competencia, estos intercambios redujeron la competencia efectiva entre las marcas y disminuyeron la incertidumbre que debería existir en un mercado competitivo.
La investigación concluyó que estas prácticas se desarrollaron entre 2006 y 2013, con diferencias según cada fabricante implicado.
¿Cómo afectó a los compradores?
La tesis que sostienen los afectados y que cada vez encuentra mayor respaldo en los tribunales es que estas prácticas provocaron un sobreprecio en la adquisición de vehículos.
En otras palabras, quienes compraron determinados vehículos durante el periodo afectado pudieron haber pagado más de lo que habrían abonado en un mercado donde existiera una competencia totalmente libre entre fabricantes.
Precisamente, las recientes resoluciones del Tribunal Supremo han reforzado la posición de los perjudicados al reconocer indemnizaciones que pueden alcanzar el 5% del precio de compra del vehículo, a lo que se suman los correspondientes intereses legales.
Más de 2.000 afectados representados por BGI LAW
Ante este escenario, BGI LAW ha articulado una estrategia procesal para reclamar judicialmente la compensación económica que corresponde a los afectados.
Las más de 2.000 demandas que serán presentadas en Vigo representan uno de los mayores procedimientos coordinados impulsados por el despacho en materia de defensa de consumidores y derecho de la competencia.
El equipo jurídico de BGI LAW ha trabajado durante meses en la recopilación y análisis de documentación, revisión de expedientes de compra y preparación de las reclamaciones, con el objetivo de que los afectados puedan ejercer su derecho a ser indemnizados por los daños sufridos.
Compromiso con la defensa de los afectados
La presentación de estas demandas supone un paso más en el compromiso de BGI LAW con la defensa de los consumidores frente a prácticas empresariales que hayan podido alterar las reglas de la libre competencia.
Desde el despacho se recuerda que cada caso presenta particularidades propias y que la cuantía de la eventual indemnización dependerá de las circunstancias concretas de cada reclamación. Sin embargo, la evolución de la jurisprudencia en los últimos años ha consolidado un marco cada vez más favorable para quienes decidieron reclamar los perjuicios derivados del cártel de los fabricantes de automóviles.
BGI LAW continúa trabajando para que los afectados obtengan una reparación íntegra de los daños sufridos y para garantizar que sus derechos sean reconocidos ante los tribunales.
